Lavado de Activos en tu actividad ¿Quién lo controla?

Para poder desvincular las ganancias de sus fuentes (ilícitas) y utilizar el dinero en la economía formal, este pasa por tres etapas. 

  • Colocación. Los criminales introducen los activos que obtienen de manera ilegal en el sistema financiero. Por lo general, lo hacen dividiendo grandes cantidades de efectivo en sumas más pequeñas para hacerlas menos llamativas. Después las depositan en una o varias cuentas bancarias. También pueden comprar instrumentos monetarios como cheques que luego se cobran y depositan en cuentas en otro lugar. Adicionalmente, suelen utilizar casas de cambio y empresas fachada por mencionar sólo los métodos más utilizados.
  • Estratificación u ocultamiento. Una vez que los fondos han ingresado a la economía formal, el lavador realiza una serie de movimientos o conversiones para alejarlos de su origen real y dificultar el rastreo de los activos. Para ello, transfieren el dinero a diferentes bancos en el mundo, especialmente en jurisdicciones que no cooperan con investigaciones de lavado de dinero.
  • Integración o inversión. Tras pasar las primeras dos fases, los criminales se dedican a reincorporar los fondos a la economía legítima. En este punto, se realizan diferentes operaciones como inversión en inmuebles, en empresas comerciales o activos de lujo. Estos movimientos ensombrecen aún más el origen de los fondos.

El proceso para el lavado de dinero es prácticamente el mismo en todos los rubros. Sin embargo, en cada uno se pueden presentar algunas diferencias por la naturaleza de las diferentes actividades comerciales.

Inmobiliaria

El sector inmobiliario es el favorito para el blanqueo de capitales; según la ONU, supera el 2% del PIB global. De hecho, la Ley Antilavado de México cataloga los bienes raíces como actividades vulnerables. 

El lavado de activos en este sector se lleva a cabo por medio de diferentes técnicas. Entre ellas:

  • Uso de prestanombres para comprar propiedades o contratar hipotecas.
  • Compraventa de inmuebles con valores alterados. Esto significa que compran a un precio por encima del mercado y venden por debajo.
  • Construcción o remodelación de inmuebles con fines de alquiler o venta.

Los involucrados en el sector inmobiliario están en la obligación de avisar sobre actividades inusuales a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), que es uno de los entes que controla el blanqueo de capitales en el país. Asimismo, la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI) también mantiene estrecha comunicación con la Secretaría de Hacienda con el objetivo de encontrar alternativas para la prevención y sanción del uso de recursos de procedencia ilícita.

Un ejemplo reciente de lavado de dinero en este sector fue el caso de la institución financiera Caja Libertad (Libertad Servicios Financieros) en Querétaro. Se simularon operaciones de compraventa de inmuebles para desviar fondos de esta entidad. Los involucrados iniciaron la venta de propiedades que no les pertenecían y una vez obtenido el dinero, este se dispersaba a través de diferentes transferencias bancarias. 

Estudios jurídicos

Las actividades del sector jurídico también se consideran vulnerables frente a las acciones delictivas del lavado de activos. Es común que los criminales acudan a estudios jurídicos y contraten contadores o abogados para la administración de su dinero o cuentas, la compraventa de acciones, bienes inmuebles y otros. 

Por esta razón, los profesionales de este sector deben implementar un sistema de prevención contra el blanqueo de capitales. Este delito puede llevarse a cabo de diferentes formas. Por ejemplo:

  • Crear sociedades offshore usadas para aportes ilegales a partidos políticos o para ocultar coimas (sobornos) en paraísos fiscales.
  • Colusión para extorsionar a potenciales clientes aprovechándose del tráfico de influencias.
  • Armar una estructura para que no se muestre el dinero que tienen.
  • Aceptar pagos teniendo plena consciencia de que proceden de ganancias de actividades delictivas.

Dos de los organismos que en conjunto trabajan para controlar el lavado de dinero en estudios jurídicos son el Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda. Los profesionales de este sector están obligados a reportar a la UIF si, por ejemplo, sospechan de blanqueo o tienen dudas sobre la congruencia o veracidad de la información de identificación del cliente.

Una reciente acusación que pesa sobre el abogado Juan Araujo y tres litigantes da una muestra de cómo podría lavarse dinero en este sector. Los cuatro involucrados eran socios de un despacho de abogados que estuvo a cargo de algunos de los casos de corrupción más importantes en el país como Agronitrogenados, la Estafa Maestra y OHL. La Fiscalía General de la República (FGR) los acusa de coordinar extorsiones a potenciales clientes aprovechando su supuesta cercanía con Julio Scherer, exconsejero jurídico de la Presidencia de la República.

Fintechs

Como cualquier otra actividad delictiva, el lavado de dinero es un fenómeno que encuentra nuevas vías para hacerse presente. Las operaciones de pago en línea, la banca electrónica y las criptomonedas son elementos que por su facilidad de uso e inmediatez representan uno de los principales desafíos en materia de prevención.

Por ello, uno de los nuevos riesgos oficiales de este delito son las empresas Fintech (tecnología financiera). A través de los servicios de estas compañías, los criminales pueden blanquear sus activos para hacerlos parecer legales. Algunas de las formas de conseguirlo son comprando criptomonedas o invirtiendo en este tipo de compañías. 

El lavado de activos en este sector no solo es controlado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), sino también por la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera. 

Esta normativa, mejor conocida como Ley Fintech, clasificó como actividad vulnerable la prestación habitual o profesional de intercambio de activos virtuales por medio de plataformas digitales, ya que presenta un riesgo para el blanqueo de capitales.

En 2019, la policía federal detuvo a Ignacio Santoyo, alias “El Sony”, por el delito de trata de personas mientras vacacionaba en un exclusivo barrio de Playa del Carmen, Quintana Roo. La captura fue posible después de que sus datos salieran a la luz tras comprar bitcoins. Esto ocurrió porque la compra superó el límite en que se activan las alarmas en el sistema financiero local. 

Con la adquisición de criptoactivos, Santoyo pretendía lavar miles de dólares procedentes de sus ganancias ilícitas.

Automotriz

El lavado de dinero ha encontrado en el sector automotriz altas posibilidades para operar. De hecho, en México, la comercialización de vehículos terrestres, aéreos y marítimos es una de las dos actividades con mayor riesgo de lavado de activos (la otra es la venta de obras de arte), de acuerdo con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

Algunas de las técnicas utilizadas para este delito en este sector son:

  • Uso de facturas o certificados de emisiones falsos o alterados.
  • Importadores de vehículos irregulares.
  • Robo de identidad para comprar vehículos.

Para controlar esta actividad, la legislación mexicana establece que las transacciones que superen los tres mil 210 salarios mínimos o Unidades de Medida y Actualización (UMA) diarias deben anexar los documentos de identificación del comprador. Además, las transacciones por encima de este monto no deben aceptarse en efectivo. 

Este sector es uno de los más involucrados en el lavado de dinero, en parte, por el gusto que tienen los delincuentes por los autos de lujo y alta gama. En 2020, por ejemplo, fueron decomisados 9 vehículos de este tipo, valorados en casi un millón de dólares, a un mexicano investigado por presunto blanqueo de capitales.

Tendencias de control

En México existen diferentes leyes y organismos que controlan el lavado de dinero. Entre ellas:

  • LFPIORPI

Se trata de la Ley para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, que también se le conoce como Ley Antilavado. Su objetivo es proteger el sistema financiero y la economía nacional a través del establecimiento de procedimientos y medidas para detectar y prevenir operaciones que involucren recursos de procedencia ilícita.

  • Listas negras del SAT art. 69 y 69B

Son listados de contribuyentes que se relacionan con irregularidades en su situación fiscal (Artículo 69) y también los que se presume que ejecutaron operaciones inexistentes (Artículo 69-B). Estas listas se actualizan trimestralmente y se publican en la página del SAT. La del 69 B también se publica a través del Diario Oficial de la Federación.

  • GAFI

Como respuesta a la creciente preocupación por el lavado de dinero y para desarrollar una acción internacional coordinada, la Cumbre del G-7 de 1989 estableció el Grupo de Trabajo de Acción Financiera sobre el lavado de dinero (GAFI). Después de su creación oficial en el año 2000 se desarrolló un documento de 40 Recomendaciones que establecen las medidas que los gobiernos nacionales deben tomar para implementar programas efectivos contra el blanqueo de capitales. México forma parte de esta organización desde 2006.

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