El Índice ALA de Basilea es un ranking independiente publicado desde 2012, que evalúa año a año el riesgo de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo (LA/FT) a nivel mundial. Para entender la relevancia de este reporte, desarrollado por el Centro Internacional para la Recuperación de Activos del Instituto de Basilea sobre Gobernanza, es bueno saber que las puntuaciones generadas para cada jurisdicción se basan en datos de 18 fuentes disponibles públicamente, entre ellas la información del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), el Banco Mundial, el Foro Económico Mundial y Transparencia Internacional.
¿Qué dice el nuevo reporte de riesgos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo a nivel global?
Este año la información recabada permitió la cobertura de un total de 152 jurisdicciones. Para cada una el estudio genera puntajes en cinco dominios considerados como contribuyentes a un alto riesgo de LA/FT:
- Calidad del marco normativo ALA/CFT
- Corrupción y soborno
- Transparencia financiera y normas
- Transparencia pública y rendición de cuentas
- Riesgos políticos y jurídicos
A nivel global, el promedio de riesgo de LA/FT aumentó de 5,25 en 2022 a 5,31 en 2023 (siendo 10 el riesgo máximo). De hecho, los riesgos aumentaron en cuatro de las cinco categorías. Únicamente se mantienen estables en el área de marco normativo ALA/CFT.
Así como aumentaron los riegos se constató que existe una disminución continua de la eficacia de los sistemas ALA/CFT en el mundo. En los últimos dos años las puntuaciones de eficacia bajaron del 30% al 28%.
Los 10 países con menor promedio de riesgo:
Los 10 países con mayor promedio de riesgo:
3 áreas críticas para hacer foco
En esta 12ª entrega, el reporte también atrae la atención sobre tres aspectos críticos vinculados al combate del LA/FT que surgen del contexto actual. Por un lado, los desafíos que presentan las nuevas tecnologías. En segundo lugar, la complejidad de prevenir el financiamiento del terrorismo que se realiza mediante organizaciones sin ánimo de lucro falsas, sin que esto dañe a las legítimas. Por último, señala la oportunidad no aprovechada que representa el decomiso como factor clave de prevención efectiva. Veamos los datos e información relevante en cada área:
Solo un 12,5% cumplen totalmente con las normas referidas a las nuevas tecnologías
En 2018, el GAFI extendió su Recomendación número 15 sobre nuevas tecnologías para incluir específicamente a los activos virtuales y sus proveedores. Entre las 161 jurisdicciones evaluadas por dicho organismo entre el 2017 y 2023, los resultados dictan que, a nivel técnico, solo un 12,5% cumple totalmente con dicha norma. Entre cumplimiento amplio y parcial se conforman dos grupos de 24,2% y 42,8% respectivamente. El restante 20,5% es considerado “non-compliant”.
Frente a este panorama el Índice de Basilea afirma que los países deben intensificar sus esfuerzos para comprender la evolución de los riesgos de delitos financieros de las nuevas tecnologías, especialmente las criptomonedas y otros activos virtuales.
Según informa el reporte, se sabe que grupos terroristas incluido Hamas, han recibido financiación a través de criptomonedas, mientras que otros están aprovechándolas para eludir las sanciones, obtener ingresos a través de hackeos y estafas cibernéticas, y financiar programas de armas nucleares.
Lograr que la regulación, la supervisión y la aplicación de la ley sean correctas es la única manera de fomentar una industria Fintech próspera y, al mismo tiempo, proteger la integridad financiera y a los consumidores e inversores.
La norma con menos cumplimiento técnico de las 40 Recomendaciones
Entre las 40 recomendaciones del GAFI, la número 8 regula las organizaciones sin fines de lucro y tiene el porcentaje más bajo de cumplimiento técnico. Mientras que en datos generales estas normas se cumplen en un 65%, la octava norma presenta un 41%. El reporte confirma además que este mal desempeño no se limita a la dimensión técnica, sino que abarca también los resultados en términos de efectividad de los estándares.
Sin embargo, a la hora de mejorar en la prevención de la financiación del terrorismo a través de falsas organizaciones sin ánimo de lucro, los países deben ser sumamente cuidadosos y conscientes de no ocasionar daños colaterales a las organizaciones legítimas y sus honorables causas.
Las consecuencias no deseadas ya son un hecho: La Coalición Global de Organizaciones sin fines de lucro del GAFI da cuenta de casos de transferencias bancarias retrasadas o bloqueadas, dificultades en el registro y obstáculos en las operaciones cotidianas relacionadas con la aplicación de la Recomendación 8.
Por eso, aunque los datos muestran la necesidad de mejorar la normativa y la efectividad en torno a la amenaza que constituye el abuso de organizaciones sin fines de lucro, es igual de relevante hacerlo de modo que se mitiguen los efectos negativos y no se interrumpa la actividad de aquellos que ayudan a los más vulnerables.
La clave para el equilibrio está en el enfoque basado en riesgos. La implementación o aplicación de la norma debe ser necesaria y proporcional al riesgo identificado a partir de una correcta evaluación.
Solo un 1% de los flujos financieros ilícitos son interceptados y confiscados permanentemente
El análisis de la información del GAFI demostró que los países se desempeñan bien en la identificación e incautación de fondos ilícitos y otros activos durante las investigaciones nacionales. Sin embargo, las confiscaciones permanentes son escasas, especialmente cuando los activos están ocultos en una jurisdicción extranjera.
Por un lado, los números son buenos a nivel de cumplimiento técnico. El promedio de cumplimiento de la Recomendación del GAFI vinculada al área (número 38) es de 66%, un punto por encima del promedio general de cumplimiento técnico que tienen todas las Recomendaciones.
Por otro lado, los datos también muestran que no se logra confiscar de forma permanente suficientes activos ilegítimos como para crear un efecto disuasorio. Esta es una oportunidad desaprovechada, ya que la recuperación de los activos es clave para prevenir futuros delitos. Privar a los infractores de sus ganancias es un factor significativo de disuasión y evita que esos fondos se vuelvan a invertir en otras actividades ilegales.
