Uruguay: estado de situación según la última Encuesta Nacional de Riesgos de LA/FT

Este martes 25 de julio, se publicó el documento “Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo” (en adelante ENR) elaborado por el consultor internacional Alejandro Montesdeoca, con el apoyo de la Secretaría Nacional de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft) y el Banco Central del Uruguay (BCU).

En términos generales se señala un alto nivel de cumplimiento con los estándares internacionales ALA/CFT desde el punto de vista normativo. Esto pone al Uruguay en un lugar de destaque a nivel internacional.

Sin embargo, aunque el documento reconoce las medidas y esfuerzos tomados desde la última ENR, también asegura que persisten “factores que limitan la efectividad del sistema”, y la asignación de los recursos necesarios para efectivizar la implementación del marco normativo se califica como “insuficiente”.

Sectores de actividad potencialmente involucrados en la canalización de activos de origen ilícito

La SENACLAFT señala que Uruguay recibe flujos financieros provenientes de países vecinos, que pueden estar vinculados a delitos tributarios o de corrupción sucedidos en el exterior y que “usan la plaza uruguaya como tránsito hacia otras jurisdicciones o para integrarse en el sistema bancario u otros sectores financieros, así como el rubro inmobiliario y agropecuario”.

En este contexto, el ámbito financiero presenta un importante nivel de riesgo dado el volumen y tipo de operaciones, y los clientes con los que opera. La ENR habla de un uso constatado de cuentas bancarias (con titularidad personal, de sociedades anónimas uruguayas o no residentes), de realización de transferencias internacionales, arrendamiento de cofres-fort y realización de transacciones en el mercado de valores nacional (y en el exterior) para canalizar activos de origen ilícito.

Además, en el sector no financiero destacan el rubro inmobiliario y el de automóviles de alta gama, embarcaciones y aeronaves. “En el Uruguay se ha constatado la presencia de inversiones inmobiliarias en la mayoría de los casos de lavado de activos. Asimismo, se evidencia el ingreso de capitales extranjeros mediante la inversión inmobiliaria”, afirma el documento.

En paralelo, también se detectó en la mayoría de los casos de lavado de activos ocurridos el fenómeno de la compra de vehículos de alta gama, embarcaciones y aeronaves.

Nivel bajo de operaciones sospechosas

Hay un bajo nivel de reportes de operaciones sospechosas, considerando los riesgos a los que está expuesto el país y en comparación con los parámetros internacionales. Si bien ese número ha aumentado progresivamente en el sector bancario, ha disminuido en los demás sectores. En términos generales las cifras son y han sido bajas históricamente desde que existe la obligación de reporte. Del análisis resulta que esto puede deberse a una baja en la percepción del riesgo en todos los sectores pero, en especial, en el sector no financiero.

De hecho, se observa que en muchos casos los sujetos obligados no financieros “no han comprendido cabalmente” que, aunque se hayan modificado los umbrales del uso de efectivo para determinadas operaciones, esto trae como consecuencia el aumento del riesgo de estas y la necesidad de aplicar mayores controles. Incluso se menciona una interpretación errónea de la normativa (del artículo 17 de la Ley Nº 19.574 que fue modificado por la LUC) que “relaja” la aplicación de las medidas de debida diligencia.

Entre otras vulnerabilidades identificadas, surge para todos los sujetos obligados la imposibilidad de acceso a bases públicas o gubernamentales de datos de personas, que permitan obtener información actualizada sobre clientes y potenciales clientes. Esta es una parte fundamental del análisis de perfil de riesgo que realiza cada oficial de cumplimiento para determinar el nivel de debida diligencia a cumplir.

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