Es un integrante del órgano de administración de cualquier empresa y es el responsable de vigilar el adecuado cumplimiento de las obligaciones de Prevención de Lavado de Activos y de Financiamiento del Terrorismo. Esta figura existe porque el Estado delega una carga pública a determinadas empresas definidas en la Ley como “Sujetos Obligados“.
Con su trabajo, esta persona permite que la alta dirección de la organización tenga la tranquilidad de que las transacciones y relaciones con sus clientes se llevan a cabo de la manera correcta y de acuerdo a la ley antilavado.
